El ocaso de las infraestructuras en la era de Twitter (II.c)

 

Introducción

En el artículo anterior de esta serie introduje un sencillo modelo conceptual para analizar el margen de maniobra en la política de precios de uso de una infraestructura, cuando se desea mantener el cuestionamiento de los usuarios por debajo de un valor determinado. Allí vimos también que dicho cuestionamiento, inicialmente generado por, y dirigido al, precio de uso de las infraestructuras, se convierte irremediablemente -y sin necesidad de causa real- en un cuestionamiento enfocado directamente al operador. En el presente artículo y los inmediatamente siguientes analizaremos las principales causas de dicho cuestionamiento.

Motivos para el cuestionamiento social del precio

La mera existencia de infraestructuras de uso gratuito es ya un incentivo para cuestionar el precio de las otras por las que se debe pagar. Resulta difícil entender por qué unas pueden ser gratuitas y otras no. Otras veces, además, el cuestionamiento surge de la percepción de agravios comparativos, como cuando se fija un precio demasiado alto comparado con el de infraestructuras similares en otros lugares. Finalmente, sin ánimo de ser exhaustivo, a menudo afloran también motivaciones de tipo emocional (solidaridad social, interés político, etc.). Muestra de ello, por ejemplo, es el cuestionamiento social a que las personas con escasez de recursos tengan que pagar por servicios considerados básicos.

La tipología de los motivos para cuestionar el precio es en definitiva muy variada. Además, como en todos los asuntos reales de cierta complejidad, el cuestionamiento social suele producirse por convergencia simultánea de varios de esos diferentes motivos, generándose una problemática variada y muy específica en cada situación concreta. Pero, a efectos de simplicidad y generalidad de aplicación de lo que sigue, no voy a analizar aquí problemáticas muy específicas. Aunque en algunos casos emplearé ejemplos con fines de clarificación, pretendo más bien identificar y analizar los motivos que generan cuestionamiento social del precio desde una perspectiva general. Además, para evitar subjetividad, no entraré en valoraciones de tipo emocional, ni enjuiciaré la conveniencia o no de introducir compensaciones sociales. En particular, supondré que la fijación de precios de uso de las infraestructuras no se emplea como medio de redistribución de rentas. Desde luego, esto no siempre es así en la práctica. Y ello tendrá efectos positivos o negativos según las circunstancias de cada caso concreto. La realidad, por tanto, será en todo caso más compleja que lo aquí descrito, pues suele mezclar simultáneamente motivos ambientales, sociales, económicos, ideológicos, políticos, emocionales, etc., que suelen además amplificarse entre sí. En todo caso, las simplificaciones que aquí incluyo no restarán generalidad a las conclusiones del análisis que presento.

Para una exposición más sistematizada, clasificaré los motivos del cuestionamiento social en tres grandes grupos, según su naturaleza:

  1. Motivos de naturaleza cuantitativa, que se basan en la relación existente entre el Precio Fijado (PF, pago que se exige por el uso de una determinada infraestructura, ver artículo anterior) y otro indicador de referencia.
  2. Motivos de naturaleza emocional, que no se basan en criterio cuantitativo alguno, sino que obedecen a consideraciones de tipo sociológico, ideológico, político, o puramente emotivo.
  3. Motivos de naturaleza tecnológica, que surgen como consecuencia del desarrollo exponencial de las tecnologías digitales actuales.

En lo que resta de este artículo analizaremos en detalle los motivos de naturaleza cuantitativa, dejando para artículos siguientes los otros dos grupos.

Motivos de naturaleza cuantitativa

Los motivos de este tipo generan cuestionamiento social al precio de uso de una infraestructura, PF, ya sea por desviación o por comparación respecto a un indicador de referencia, normalmente independiente de la infraestructura concreta considerada.

Como es lógico, según la naturaleza de las infraestructuras y el contexto (económico, social, de competencia, etc.) en el que prestan sus servicios, unos indicadores son más significativos que otros. En lo que sigue, se identifican diferentes indicadores, se aplica cada uno al análisis de la situación-tipo en la que resulta ser más significativo, y se extraen las conclusiones relativas al cuestionamiento al precio de las infraestructuras, que es nuestro objetivo.

Buscando la complicidad del lector, apunto aquí que el análisis de situaciones e indicadores que viene a continuación puede ser de lectura farragosa. Pero no hay problema. Los interesados fundamentalmente en las consecuencias de ese análisis en el cuestionamiento del precio, pueden ir directamente de aquí al apartado de Conclusiones, al final de este artículo. No se van a perder gran cosa de su interés. Por el contrario, los interesados en entender cómo y por qué se llega a esas conclusiones, tienen el material necesario a continuación.

Cuestionamiento social por desviación respecto a un indicador de referencia

Desviación respecto al Precio Justo

Mantengamos la hipótesis simplista anteriormente introducida de que los precios no se fijan con objetivos de redistribución de rentas. Consideremos el caso de las infraestructuras de prestación de servicios públicos. Entonces, lo más racional desde el punto de vista económico es que el precio unitario a pagar por sus usuarios sea aquél que cubra completa y exclusivamente sus costes de construcción, operación y mantenimiento, junto con la financiación que permita mantener su equilibrio económico-financiero durante la vida útil prevista para la infraestructura en cuestión. Este precio es, precisamente, el que denominé Precio Justo, PJ, en el artículo anterior. Allí vimos que PJ es el precio unitario que debe cobrar el operador (público o privado) por gestionar la infraestructura en condiciones técnica y económicamente eficientes, y con la calidad de servicio acordada. Queda claro, por tanto, que PJ no incluye impuestos ni otros conceptos ajenos a la propia operación y mantenimiento (y construcción, en su caso) de la infraestructura propiamente dicha. PJ es entonces el elemento central de referencia en el que el usuario se debería apoyar para calibrar su eventual cuestionamiento al precio que le exigen pagar. Si tuviera que pagar un precio menor que PJ, querría decir que le estarían subvencionando una parte. En ese caso, felicidad total para el usuario (se le está facilitando un ahorro, al menos aparentemente), pero la Administración deberá recuperar dicha subvención por otra vía (generalmente impuestos) si no quiere incrementar el déficit público. Y, al contrario, si el usuario tuviera que pagar un precio mayor que PJ, significaría que le están cobrando un excedente ajeno a la infraestructura, aunque intentando quizás pasarlo como propio. En esas circunstancias, cabrá esperar un mayor cuestionamiento cuanto mayor sea la desviación del precio PF por encima de PJ.

Todo lo anterior parece de una lógica aplastante. Pero desafortunadamente no pasa de la pura teoría. En la práctica, el usuario no tiene posibilidad razonable alguna de conocer el valor real de ese PJ. Difícilmente, entonces, puede calcular la desviación de PF respecto a PJ. Efectivamente, el usuario medio no tiene prácticamente acceso a la siguiente información (ver artículo II.a):

  1. Los detalles y características técnico-económicos de la infraestructura, necesarios para poder evaluar con suficiente aproximación sus costes de construcción, operación y mantenimiento (financiación incluida).
  2. El número de usos que harán los usuarios de la infraestructura en cuestión y su distribución temporal durante su vida útil..

El cociente entre estos dos valores (coste total dividido entre el número de usos) es precisamente el Precio Justo, PJ, es decir, el que tendría que cobrar el operador a cada usuario por cada uso para poder prestar su servicio con continuidad y en condiciones de equilibrio económico-financiero. Dado que el usuario desconoce tanto el numerador como el denominador, le es imposible poder hacerse una idea siquiera aproximada del importe de PJ. En consecuencia, no puede medir la desviación del Precio Fijado, PF, que le piden pagar para usar la infraestructura, respecto a ese PJ, que es lo que racionalmente tendría que pagar. Resulta de todo ello que el valor que podría justificar más objetivamente el cuestionamiento social del precio -el exceso entre el Precio Fijado, PF, y el Precio Justo, PJ– no puede ser ni conocido ni evaluado por el usuario. Por tanto, éste no tiene una base cuantitativa sólida, objetiva y contrastable para justificar su cuestionamiento. O, dicho de otra manera, el cuestionamiento social del precio de uso de una infraestructura incluirá siempre y necesariamente una notable cuota de subjetividad.

Desviación respecto al valor subjetivo

Vemos pues que el usuario no puede basar objetivamente su cuestionamiento en la desviación del Precio Fijado respecto al Precio Justo. Necesita entonces buscar otra referencia. La más inmediata es la desviación entre el precio fijado, PF, y el valor subjetivo que el usuario atribuya al uso de la infraestructura, tal como vimos en el apartado Valor y precio del artículo anterior (ver allí especialmente la definición de valor subjetivo colectivo, que es el que consideramos aquí bajo la designación corta de valor subjetivo). Este valor subjetivo, lógicamente, depende de muchos factores diferentes y de muy diversa naturaleza. Y en su ponderación tiene especial relevancia que el usuario pueda disponer de diferentes alternativas para realizar su actividad deseada. Esas alternativas pueden ser distintas infraestructuras en competencia y con objetivos similares (caso del tren y el avión en distancias medias, por ejemplo). En estos casos, se podrá hacer una comparación de precios, caso que trataremos más adelante, en el subapartado que a la comparación se refiere. En éste trataremos exclusivamente el caso en que haya una única infraestructura que ofrezca el servicio. Y distinguiremos dos situaciones bien diferentes, según que el usuario tenga la alternativa de poder llevar a cabo la mencionada actividad por sus propios medios –sin emplear la infraestructura- o tenga que recurrir inexcusablemente a la infraestructura si quiere ejercerla.

El Valor subjetivo cuando el usuario puede desarrollar su actividad por sus propios medios y sin coste explícito

Existen efectivamente situaciones en que el usuario puede desarrollar la actividad pretendida sin necesidad de infraestructura alguna, y sin coste económico adicional explícito. Por ejemplo, puede acudir a una cita caminando o en transporte público. En este caso, el potencial usuario evalúa fácilmente su valor subjetivo (aunque sin ser necesariamente más objetivo). Al hacerlo, el usuario pondera fácil e intuitivamente varios aspectos: el esfuerzo de caminar, la diferente duración del trayecto, el distinto impacto de la climatología según una u otra opción, etc. Y, con todo ello, decide muy fácilmente su alternativa óptima.

Si la mayor parte de las veces opta por prescindir de la infraestructura, no será extraño que cuestione vigorosamente el Precio Fijado del transporte público, puesto que querrá decir que lo encuentra excesivamente caro respecto al esfuerzo de desarrollar su actividad sin usar la infraestructura. En estos casos, el usuario sin duda cuestionará el precio. Lo hará con tanta mayor intensidad cuanto menor sea el nivel de su confianza en la Administración que fija y aprueba los precios del servicio. Y, además de a dicha Administración, dirigirá su cuestionamiento hacia el propietario del logo que figure en el ticket, la factura, o el recibo, según lo que hemos venido denominando efecto logo.

Si, por el contrario, no duda en coger el autobús/metro sistemáticamente o casi, querrá decir que su valor subjetivo es significativamente mayor que el Precio Fijado, y tenderá a mostrarse satisfecho con éste. De todas maneras, aún en este último caso, su conocimiento de la existencia de otras infraestructuras de uso gratuito siempre le incentivará a que, de vez en cuando, reivindique una bajada o anulación total del precio del viaje. Como se dice coloquialmente, eso forma parte del paquete. Pero, al menos, se cuenta con un indicador bastante objetivo de la aceptación social del precio: si la gran mayoría de la población emplea el transporte público antes que sus piernas, no hay duda: su valor subjetivo es más alto que el Precio Fijado. Y, en esa situación, el cuestionamiento –si existe- será algo más inercial que real.

El Valor subjetivo y el monopolio natural

Una situación muy diferente se da cuando el usuario puede llevar a cabo su actividad pretendida exclusivamente empleando la infraestructura. Es decir, o se sirve de esa infraestructura, o tiene que descartar desarrollar su actividad. Esta situación suele producirse en sectores de monopolio natural (cuando natural e inevitablemente, los costes de gestión de una infraestructura son menores con un único operador que con varios de ellos en competencia). Es el caso, por ejemplo, de la distribución de agua potable, en el que el coste principal lo constituyen las conducciones. En este caso, sería antieconómico introducir competencia, puesto que hacerlo implicaría duplicar las conducciones y, con ello, también el coste del servicio. En estos sectores, el papel de optimización de precios que jugaría la competencia lo tiene que introducir el regulador, es decir, la Administración Pública, quien establece en definitiva el Precio Fijado, PF. En este caso, contrariamente a lo que sucedía en el anterior, el usuario no tiene posibilidad de basar su valor subjetivo en relación a experiencia personal alguna, por lo que evalúa su valor subjetivo identificándolo con el coste subjetivo que implicaría renunciar completamente a desarrollar la actividad. Pero, ¿qué coste subjetivo tiene no tener agua potable corriente en tu casa? Sin duda, varias veces superior a cualquier tarifa de agua potable actualmente vigente, por alta que sea. Siendo entonces muy grande la desviación por arriba del valor subjetivo (valorado como coste subjetivo de no-servicio, como hemos visto) respecto al Precio Fijado, no cabría esperar -al menos en teoría- un cuestionamiento social de dicho precio. Pero la realidad es que ese cuestionamiento se da. Y en muchos contextos, y muy diferentes. Por ello, a mi modo de ver, este cuestionamiento tiene su origen en causas diferentes y ajenas, que pueden actuar aislada o conjuntamente, en función de cada lugar y de sus características socioeconómicas:

  1. La introducción en los Precios Fijados, PF, de importes correspondientes a otros costes de la Administración no directamente vinculados a las propias infraestructuras (vimos algunos ejemplos reales en el artículo II.a anterior, que llegaban a suponer más del 50% del precio total a pagar).
  2. El efecto incentivador del cuestionamiento derivado de la existencia de otras infraestructuras gratuitas
  3. La creciente demanda social de implantar la gratuidad de los servicios básicos (servicios con muy alto coste subjetivo de no-satisfacción).
  4. El alto potencial comunicacional que indudablemente tiene el cuestionamiento del precio, al servicio de intereses políticos, ideológicos, partidarios, o de oportunidad.
  5. La alta valoración social de las prestaciones de las nuevas tecnologías, muchas de ellas ofrecidas de forma gratuita o a muy bajo precio, que inducen a generalizar la percepción de que todos los servicios son de muy bajo coste.
  6. La confianza de los usuarios en que su Administración Pública, en su rol regulador, establezca eficazmente precios verdaderamente cercanos al Precio Justo, PJ.

Como puede verse, salvo el primero de los puntos indicados (que ya analizamos en el capítulo anterior), el resto responden a las tipologías de motivos designadas anteriormente como emocionales o tecnológicos, por lo que volveremos sobre ellos más adelante, en los capítulos dedicados a dichas tipologías.

Cuestionamiento social por comparación con un indicador de referencia

En este caso son tres los indicadores que pueden tomarse como base para las comparaciones:

  1. El Precio Fijado en otros lugares (países, regiones, ciudades,…), PF, para el uso de infraestructuras de naturaleza análoga (precio de la energía eléctrica en España y Francia, o precio del agua en Galicia y Canarias, por ejemplo).
  2. El Precio Fijado, PF, vigente para el uso de una infraestructura de servicios públicos alternativa, pero de objetivos similares (transporte por ferrocarril y por carretera, por ejemplo).
  3. El coste privado alternativo que le supone al usuario no emplear la infraestructura de servicio público, sino sus propios medios físicos para obtener el mismo fin (caso del transporte de personas en coche privado respecto al público, por ejemplo).

Analicemos a continuación cada una de estas opciones desde el punto de vista de su incidencia en el cuestionamiento social del precio de uso de las infraestructuras y su repercusión en su operador.

Comparación de precios en diferentes lugares

Comparar directamente los precios de uso de infraestructuras o servicios similares en distintas zonas es evidente y cómodo. Puede hacerse con notable facilidad. El problema es que, para que esta comparación sea significativa, es imprescindible introducir matices y correcciones. En los casos reales, algunas -si no todas- las características de dos zonas distintas en lo que se refiere al terreno, el medioambiente, los recursos disponibles, e incluso los aspectos sociales, económicos y políticos pueden ser muy diferentes. Y pueden tener por ello un gran impacto en el valor del Precio Justo, PJ, que a su vez impactará en la definición del Precio Fijado, PF. En consecuencia, para poder hacer una comparativa significativa, hay que hacer algo de cocina con los datos de precios, exactamente igual que se hace con las encuestas de intención de voto. Es imprescindible introducir factores correctores que permitan tener en cuenta las diferencias zonales de mayor impacto en el precio. Y esta tarea no suele estar al alcance del usuario medio de la infraestructura de que se trate. Por ello, la comparación de precios con otras zonas, no suele ser un método empleado a iniciativa de los propios usuarios finales. En cambio, la prensa y los medios lo emplean con cierta asiduidad. Curiosamente, cuando lo hacen, suelen ignorar olímpicamente las diferencias zonales antes mencionadas, y pasan por alto cualquier cocina con los datos de precios. Actuando así, propagan algo bastante más parecido a una posverdad que a una realidad auténtica. Así que el receptor avezado de esas noticias enseguida percibe la muy probable existencia de intereses ocultos. Llegados a este punto, propongo al lector un ejercicio interesante y bien sencillo: siempre que reciba una comparativa de precios sin tener en cuenta las características de las zonas comparadas, anote en una lista un “1” cuando la noticia lleve a cuestionar a un operador, y un “0” cuando no sea así. No soy adivino ni practico la magia. Pero estoy seguro que al cabo de varias noticias, comprobará que un valor próximo al 99,99% del total de anotaciones en su lista contiene un “1”. Con esa misma probabilidad, el operador está recibiendo un castigo reputacional injusto, ya que se le está evaluando sin consideración alguna a su real performance en la operación de la infraestructura.

Comparación de precios con infraestructuras alternativas

La posibilidad de elegir libremente entre el uso de dos o más infraestructuras de servicio público alternativas es percibida muy favorablemente por el usuario. En caso de que una de las infraestructuras sea de uso gratuito, no obstante, se produce un fenómeno curioso. Por ejemplo, ante una carretera gratuita, pero saturada de tráfico, se comprende perfectamente que haya que pagar peaje por una autopista de trazado equivalente pero con circulación fluida. Y esa comprensión se mantiene inquebrantable hasta que el usuario hace de la circulación por la autopista su hábito cotidiano sistemático. En algún momento, a partir de entonces, es como si el usuario medio se olvidara de la existencia de la carretera preexistente. De hecho es como si ésta dejara realmente de existir. Ese usuario empieza entonces a cuestionar el precio de la autopista…y, por supuesto, a su operador, aunque no tenga fallos de performance. Este fenómeno de olvido incomprensible de la situación preexistente, que podría parecer paranormal, es extraordinariamente frecuente y poderoso. Y está también a menudo en la base del cuestionamiento del precio de cualquier infraestructura de servicios públicos. Volveré sobre ello al hablar del impacto de la economía digital en el cuestionamiento del precio de las infraestructuras tradicionales. Pero la percepción de naturalidad, de que las cosas son así de toda la vida, esencialmente y por definición que tenemos cuando accionamos un interruptor y se enciende una luz, nos ha hecho olvidar los gloriosos tiempos de antorchas, velas y lámparas de aceite, cuando no de oscuridad absoluta. Y se nos hace difícil entender que haya que pagar porque el interruptor encienda la luz. Y como siempre, por el efecto logo, el malestar por tener que pagar por una cosa tan simple y evidente se traslada directamente al operador. Sin embargo, cuando existen infraestructuras de servicio público alternativas, todas de pago y con el mismo o similar objetivo, las cosas son ligeramente diferentes. Se acepta generalizadamente, por ejemplo, que el tren o el avión sean de pago. Se asume con gran naturalidad. Ni siquiera suele cuestionarse significativamente la diferencia entre ambos precios. Se protesta, naturalmente, de lo caro que es todo. Y se elige el medio que mejor se adapte a las necesidades personales en términos de importe, de horarios, de comodidad, etc. Pero no suele producirse un especial cuestionamiento a los operadores en estos casos en relación al precio. Eventualmente, se cuestionan más bien temas de calidad de servicio (puntualidad, atención al cliente, etc.) que desde luego se vinculan al precio. Pero no se cuestiona el precio como tal. Quizás sea porque hay varias opciones en juego, pero ninguna sin coste y, por tanto, se percibe una transparencia de efecto tranquilizante, al poder comparar precios fácil y objetivamente. Naturalmente, influye también en ello la existencia de competencia entre los distintos operadores. Y sólo por ella, ya es más fácil imaginar que el precio fijado, PF, estará razonablemente próximo al precio justo, PJ, de cada una de las infraestructuras consideradas. En conclusión, cuando existen infraestructuras alternativas, y todas ellas de pago, el usuario puede comparar fácilmente precios en competencia. Por ello, no cuestiona esos precios como tales, sino bajo un concepto más general de carestía de la vida que los incluye a todos. En estos casos piensa que la competencia existente reduce los precios, y no suele tampoco cuestionar a los respectivos operadores por ellos, sino eventualmente por circunstancias más vinculadas a sus performances reales.

Comparación con el uso de medios propios (con costes explícitos) alternativos a la infraestructura

En este caso, el usuario también puede prescindir de la infraestructura y proporcionarse el servicio por sus propios medios, como en el caso que vimos bajo el epígrafe El Valor subjetivo cuando el usuario puede proveerse del servicio por sus propios medios y sin coste explícito. Pero ahora el usuario sí que tiene costes económicos explícitos. Un ejemplo claro es el uso de vehículo propio versus el de transporte público. Esa diferencia, simple pero fundamental, hace innecesario acudir al concepto del valor subjetivo, como tuvimos que hacer en el epígrafe citado, puesto que el usuario puede ahora comparar analíticamente los costes económicos reales que le supondría una u otra opción.

Esta posibilidad de comparación analítica hace que este caso sea sensiblemente parecido al anterior en términos de transparencia. Como es lógico, si el precio de la infraestructura es inferior a los costes de los medios del usuario, éste estará encantado de usarla y, en principio, celebrará que haya un operador que le permita ahorrar al usar la infraestructura. En general, solamente cuestionará al operador si este falla en su performance, o en la calidad del servicio.

Por el otro lado, es también claro que si el precio de uso de la infraestructura es superior a los costes de los medios del usuario, entonces éste cargará sus críticas contra el operador exclusivamente (si tiene un alto nivel de confianza en su Administración), y contra Administración y operador si dicho nivel de confianza es más bien bajo.

En el Diagrama causa-efecto que se incluye a continuación, se resume de manera esquemática lo aquí analizado. En ella, y de un vistazo, se comprueba en qué circunstancias se cuestiona el precio que se ha fijado para una infraestructura, ya sea por desviación o por comparación de dicho precio con otros indicadores de referencia.

En general, y como ya hemos visto en capítulos anteriores, el efecto logo hace que este cuestionamiento vaya casi irremediablemente al operador de la infraestructura, con independencia de su performance.

En este capítulo hemos visto además -y también queda reflejado en el Diagrama adjunto- que en algunos casos (especialmente en situaciones de monopolio natural), los efectos debidos motivos emocionales y tecnológicos (que estudiaremos en detalle en los próximos capítulos) son especialmente relevantes.

Diagramas Visio

 

Conclusiones

En el presente capítulo hemos visto que el cuestionamiento al precio de las infraestructuras de servicio público obedece a motivos muy variados, y que suelen actuar conjuntamente. Convencionalmente, hemos clasificado estos motivos, según su naturaleza, en tres grupos: cuantitativos, emocionales y tecnológicos. En este capítulo, hemos analizado los motivos de naturaleza cuantitativa, y hemos dejado para capítulos sucesivos las otras dos tipologías.

Hemos estudiado los motivos de naturaleza cuantitativa con una metodología basada en la desviación y la comparación con indicadores de referencia, independientes de la infraestructura considerada. A modo de conclusión, de ese estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones:

  1. La mera existencia de infraestructuras de uso gratuito es ya un incentivo para cuestionar el precio de las otras por las que se debe pagar. Resulta difícil entender por qué unas pueden ser gratuitas y otras no.
  2. No es posible una racionalización amplia en la percepción social de los precios de uso de una infraestructura de servicio público. Los mecanismos y el contexto de fijación de esos precios, por su propia e inevitable naturaleza, hacen imposible una valoración cuantitativa y objetiva del precio justo por parte de los usuarios. Por tanto, la eventual existencia de cuestionamiento y su nivel de intensidad obedecerán siempre y necesariamente a una importante dosis de subjetividad.
  3. La comparación de precios distintos de infraestructuras similares en sitios diferentes se suele hacer sin tener en consideración las condiciones sociales, económicas, medioambientales y técnicas de cada zona en comparación, con lo que dichas comparaciones suelen ser poco o nada significativas. El empleo mediático de estas comparaciones, entonces, suele deberse a motivos ajenos al interés del servicio prestado.
  4. Cuando el mercado es competitivo por existir infraestructuras alternativas para una misma actividad (caso del tren y el avión para transporte en distancias medias, por ejemplo), el usuario tiende a pensar que esa competencia implica necesariamente mayor transparencia y que sus precios, por tanto, deben ser razonablemente ajustados. Y si los cuestiona, suele deberse más a la percepción de una baja calidad de servicio que a la fijación del precio en sí.
  5. En cambio, cuando el mercado es competitivo por existir diferentes operadores del mismo tipo de infraestructura (caso de la electricidad, por ejemplo), y dejando aparte el eventual cuestionamiento por baja calidad del servicio, la intensidad del cuestionamiento del precio como tal depende fundamentalmente del nivel de confianza que mantenga el usuario en la administración que fija y fiscaliza los precios.
  6. Cuando hay un solo operador y el usuario puede optar por llevar a cabo la actividad por sus propios medios y sin utilizar la infraestructura (caso de la movilidad urbana a pie o en transporte público), el nivel de cuestionamiento será tanto mayor cuanto mayor sea la desviación hacia arriba entre el precio de uso de la infraestructura y el valor subjetivo que el usuario atribuya a desarrollar la actividad por sus propios medios.
  7. Finalmente, cuando hay un solo operador y el usuario no tiene posibilidad de llevar a cabo la actividad por sus propios medios (caso de los monopolios naturales: la distribución urbana de agua potable, por ejemplo) la lógica llevaria al usuario a un mayor cuestionamiento cuanto mayor fuera la desviación por arriba entre el precio del servicio y el coste subjetivo que experimentaría el usuario si se viera obligado a prescindir del servicio. No obstante, esa desviación suele ser fuertemente negativa en muchos casos, pero aún así es frecuente que se cuestione su precio fijado. Ello se debe, en general, a que se incremente el precio fijado con importes ajenos a la propia utilización de la infraestructura, o a causas de tipo emocional o tecnológico que analizaremos en los capítulos siguientes.

En prácticamente todos los casos expuestos anteriormente se producirá el efecto logo en cuanto haya pie para ello. Y habrá pie siempre que el ticket, recibo o factura por el uso de la infraestructura lleve exclusivamente el logo del operador, dando a entender que es el único responsable del precio, cuando ese precio, normalmente, ha sido fijado o cuando menos aprobado por algún organismo de la Administración Pública.
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Fernando Rayón. Barcelona, 21 Mayo 2017

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