El ocaso de las infraestructuras en la era de Twitter (II.a)

Introducción

varioustwitter

En el artículo anterior presenté tres características que creo básicas para entender la más que discreta consideración social de los operadores de infraestructuras de servicios públicos que se da actualmente.

Vimos así, en primer lugar, una característica de ámbito de prestación que, en el caso de las infraestructuras de servicios públicos, está constituido por colectivos varias veces más grandes que los de sus propios promotores. Este ámbito incluye poblaciones enteras de ciudades o países, e incluso mayores.

En segundo lugar, una característica de naturaleza, que deriva de estar formadas por elementos materiales, físicos, dispuestos espacialmente de una forma específica y con una esperada larga vida útil.

Y en tercer lugar –last but not least– una característica de objetivo, que no es otro que convertir en realidad futura una situación imaginada en el presente.

En los próximos artículos iremos analizando, secuencialmente para cada una de estas características, cómo se concreta su impacto en la consideración social del operador.

Efectos del ámbito en la consideración del operador

Una separación de roles singular

En las transacciones habituales de mercado, un comprador cualquiera hace dos cosas:

  1. Elige a su mejor conveniencia las características y la calidad/precio del producto o servicio que quiere comprar, y
  2. Efectúa el pago correspondiente.

Pero cuando se diseñan las infraestructuras de servicios públicos, el gran tamaño de su colectivo de usuarios impide que éstos puedan elegir directamente sus características y su calidad/precio. Por ello, esa elección la hace la Administración Pública, quien establece también (directamente o a través de organismo regulador) el precio que el usuario deberá pagar por su uso una vez construidas.

Así, la Administración fija características y precio. Pero el pago efectivo lo hacen en última instancia los miembros del colectivo afectado, ya sea como usuarios (peajes, tarifas,…), o como contribuyentes (impuestos, tasas,…) y, a veces, como una mezcla de los dos.

Se produce por tanto una separación total de roles entre quien elige (la Administración), y quien paga (el contribuyente o usuario), que no se da habitualmente en el mercado. Se podrá argumentar que, en una sociedad democrática, la Administración decide por delegación lo que desean sus administrados. Y así es (o al menos debería). Pero también lo es que, pese a ello, la inmensa mayoría de dichos administrados no tiene la percepción de estar eligiendo por sí mismos características, calidades y costes de las infraestructuras, salvo en casos muy especiales.

Los efectos de la separación de roles

Esa singularidad en la separación de roles produce dos circunstancias muy destacables:

  1. Al no jugar papel alguno en la definición de las infraestructuras, el usuario no llega a conocer sus costes reales de inversión, operación y mantenimiento. Muchas veces, además, ni siquiera las ve (caso de las infraestructuras enterradas o alejadas de los núcleos poblados). Y otras no tiene los conocimientos técnico-económicos requeridos para poder comprender cabalmente sus costes. En consecuencia, tiende de manera natural a infravalorarlos.
  2. En ciertos casos, la Administración financia algunas infraestructuras íntegramente con cargo a impuestos (carreteras por ejemplo), facilitando el uso gratuito para todos. Esta situación se produce a veces para satisfacer necesidades sociales básicas, y otras no. Pero en ambos casos (sin valorar aquí su conveniencia o justificación), se envía un mensaje muy claro: muchas infraestructuras son como el aire. Sencillamente están ahí, prácticamente como obras de la Naturaleza, para su uso y disfrute completamente libre y a nuestro antojo.

Un usuario con mentalidad económica y racional se enfrenta entonces a cuestiones inquietantes en las dos situaciones posibles:

  1. Cuando usa una infraestructura gratuita, se siente contento. Pero le surge un negro nubarrón de duda: Esta infraestructura la debo estar pagando con mis impuestos. ¿Cuánto me debe estar costando? ¿Estaré pagando un precio justo y proporcionado al uso?
  2. Y cuando paga por usar una infraestructura no gratuita, se pregunta si el precio que le piden es justo. Pero al intentar evaluarlo se da cuenta, ¡ay!, de que no es posible. Como vimos, no conoce el coste total de la infraestructura. Pero tampoco el número total de usuarios entre los que la Administración reparte ese coste para establecer el precio unitario de uso. Por tanto, no tiene manera de evaluar si el precio que paga es justo o no.

El sufrido usuario se siente completamente desamparado e impotente. En pocas palabras, paga y calla. No tiene otra. O bien, quizás la tendría (pidiendo innumerables informes a la Administración), pero seguramente con un esfuerzo y dedicación que no le compensaría. Así que las reflexiones que se ha hecho le llevan a cuestionar -como mínimo en su fuero interno- el precio de uso fijado por la Administración e, incluso, a invocar la gratuidad total (¿por qué unas sí y otras no?).

El precio máximo admisible

Como el usuario no puede evaluar lo justificado del precio, éste se puede fijar sin problema siempre que no supere un precio máximo admisible -subjetivo, claro está-  sin generar un cuestionamiento significativo. Trataremos esta cuestión más detalladamente en el artículo siguiente. Pero, de momento, constatemos que tradicionalmente la Administración ha sabido emplear esta circunstancia con asiduidad y a placer para su propia alegría. Como muestra, veamos un par de botones.

Primer botón: la factura del servicio de agua potable de mi domicilio en Barcelona, de enero de 2017. Esa factura presenta el siguiente desglose de importes cobrados por las instituciones que se indican (en porcentaje sobre el total de la factura):

  • Operación del servicio: 53,48%
  • Ayuntamiento de Barcelona: 3,87%
  • Área Metropolitana de Barcelona: 22,02%
  • Generalitat de Cataluña: 13,89%
  • Estado español: 6,74%

Como puede verse, prácticamente todas las Administraciones con presencia en Barcelona han tomado su parte en esta factura. Sólo echo de menos a la Diputación y a la Unión Europea (y no se me interprete mal: no pretendo dar pistas…). Así, el 46,52% del total de la factura corresponde a importes cobrados por la Administración Pública en sus distintos niveles. El total de cargos del conjunto de Administraciones supone un incremento del 86,98% sobre el importe que tendría la factura si ésta incluyera exclusivamente el coste del operador del servicio.

Segundo botón: mi factura de electricidad. Mismo domicilio anterior. Un desglose equivalente arroja el siguiente resultado:

  • Operación del servicio (producción, distribución y comercialización): 42,01%
  • Políticas sociales y energéticas del Estado: 36,67%
  • Impuestos estatales: 21,32%

Aquí solamente la Administración estatal ha dejado su huella. Y menos mal, porque el impacto de esa única Administración es, como vemos, del 57,99% del total. O sea, un incremento del 138,04% sobre el importe de la factura si incluyera exclusivamente el coste de operación del servicio.

Es decir, las Administraciones aprovechan sin problema el recorrido que ofrece el precio máximo admisible para cargar la factura con otros conceptos ajenos al coste del servicio.

Y ahora, un hecho no menor que hay que tener en cuenta y que denominaré efecto logo: cuando paga estas facturas, el logo que el usuario ve es el del operador del servicio, y no el de la/s Administración/es que eventualmente cargan sus cosas. Es decir: la percepción (errónea pero efectiva) del usuario es que todo lo que paga va a parar al operador del servicio, cuando lo que éste realmente percibe es del orden del 50% del importe total de la factura en los dos casos expuestos.

El inevitable cuestionamiento del operador

En resumen, en el caso de infraestructuras de uso no gratuito, tenemos que:

  1. La Administración define sus características y establece su precio de uso.
  2. El usuario no tiene manera de evaluar si ese precio es justo o no, lo que genera:
    1. Un impulso natural a cuestionar el precio establecido
    2. La existencia de un límite admisible subjetivo de precio por debajo del cual el nivel de cuestionamiento es aceptable o nulo.
  3. La Administración emplea con frecuencia ese límite admisible para:
    1. Incrementar el precio de uso de la infraestructura con otros costes ajenos y adicionales a los de la propia infraestructura.
    2. Enviar al usuario el mensaje (falso) de que dichos costes adicionales corresponden a ingresos del propio operador de la infraestructura.

Y, en consecuencia, desde su punto de vista, el usuario:

  1. No decide, pero paga.
  2. No sabe si el precio que paga es justo.
  3. Paga en la factura del operador otros costes de la Administración, ajenos y adicionales a los de aquél.
  4. Tiene la percepción -errónea pero efectiva- de que el total de la factura (costes de operador más Administración) es ingreso íntegro para el operador.

Con este panorama, no es de extrañar que el usuario tenga tendencia natural a cuestionar si lo que está pagando es lo que debe pagar. Y como percibe que el total de la factura es ingreso íntegro para el operador (efecto logo), su cuestionamiento del precio se traduce, inmediata y directamente, en cuestionamiento del operador.

Conviene destacar, en todo caso, que ese cuestionamiento al operador podrá producirse con independencia -e incluso a pesar- de que éste realice celosa y eficientemente su trabajo, y a un precio justo definido por la Administración. Así, el cuestionamiento social que surge contra el operador se deriva en última instancia, no de su performance, sino de la separación de roles entre Administración y usuario que hemos venido comentando, y que es inevitable, a consecuencia del gran tamaño del colectivo de usuarios de la infraestructura.

A continuación se incluye un esquema causa-efecto comprensivo de lo expuesto hasta aquí, a modo de resumen.

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Conclusión y continuará

En el presente artículo hemos visto que el gran tamaño del ámbito de las infraestructuras de servicios públicos obliga a una singular separación de roles entre Administración y usuarios. Dicha separación genera a su vez un efecto perverso por el que el usuario está intrínsecamente incentivado a cuestionar sistemáticamente al operador. En el artículo siguiente de esta serie, profundizaremos en los condicionantes que este cuestionamiento social introduce en las políticas de precios de uso de las infraestructuras, a consecuencia de este efecto de ámbito.

Fernando Rayón
Barcelona, 16 Febrero 2017

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