Transparencia y legalidad en los concursos públicos

De acuerdo con las noticias que aparecen en la prensa de hoy, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), órgano encargado de velar por la correcta tramitación de los contratos públicos en esta Comunidad, ha cuestionado la validez del contrato recientemente firmado entre la Generalitat de Catalunya y la empresa que desde el 1 de enero de 2013 es formalmente la adjudicataria de la gestión del Sistema de abastecimiento de agua Ter-Llobregat.

El Sistema Ter-Llobregat es el que abastece en alta de agua al área metropolitana de Barcelona y a 9 comarcas más de su entorno, sirviendo a una población total de casi 5 millones de habitantes. De la magnitud de este contrato habla claramente la exigencia para la concesionaria de tener que aportar 1.000 millones de euros durante los 50 años establecidos para la vida de la concesión, con 300 millones a ser aportados a su inicio. Se trata de la mayor privatización acometida por la Generalitat hasta la fecha.

Los detalles de la operación se pueden consultar en los principales diarios de hoy, como ABC, El País, La Vanguardia, …y no es mi objetivo aquí reproducirlos. Lo que sí me interesa destacar son tres cosas:

  1. El argumento expresado por el OARCC para cuestionar la validez del contrato.
  2. La necesidad de que, en estos momentos de crisis descomunal, las Administraciones pongan el mayor cuidado en que todos sus actos sean transparentes, competentes, bien documentados y, sobre todo, legales. Si hay algún momento en que hay que cumplir las normas con transparencia y diligencia, es ahora.
  3. La conveniencia de que los análisis para garantizar la transparencia, competencia y legalidad de las adjudicaciones sean tomadas debidamente en tiempo y forma sin necesidad de complicar más todo el proceso

En este contexto, el argumento que expresa el OARCC lo recogen de forma equivalente todos los diarios consultados. A título de ejemplo, según El País, es el siguiente:

[La adjudicataria] debería haber sido excluída del concurso por haber presentado una oferta que no se ajustaba a las condiciones fijadas por el pliego de condiciones (…)  El motivo era que, en su oferta, la adjudicataria había presentado un plan para ejecutar unas obras de mejora en la red de distribución del agua en un tiempo superior al que fija el pliego de condiciones.

Las consecuencias de este proceder están claramente recogidas en La Vanguardia, citando textualmente al OARCC:

[La adjudicataria] “modificaba la distribución anual de las inversiones respecto a la propuesta formulada en el pliego, situando algunas actuaciones en un horizonte temporal superior al de referencia (…)” 

Y sigue, citando al OARCC:

(…) aceptar el retraso de las inversiones “vulnera los principios de igualdad, no discriminación y competencia”.

Para concluir que:

No se le puede escapar a este OARCC que aplazar obras es una variante que influye en la tarifa que aplicará la empresa concesionaria” y por tanto “afecta al resultado económico final de la oferta”. En los pliegos, “el límite material es estricto y no admite flexibilidad”, lo que a su juicio “explica la exclusión del licitador que no lo cumple y por lo cual se ha de exigir diligencia a los licitadores al presentar y documentar sus ofertas.”
Según todo ello, estamos en un caso claro de incumplimiento de lo exigido en el Pliego de bases del Concurso, con la consecuencia de rebajar artificialmente el precio a ofertar por el oferente y, por consiguiente, para dotar de mayor competitividad (y por tanto de mayor probabilidad de éxito) a su oferta de forma poco realista en la práctica.
En este contexto, la empresa cuya adjudicación ahora se cuestiona, ha manifestado según La Vanguardia que  la oferta que presentaron cumple todas las condiciones fijadas, y puede recurrir la resolución del OARCC en vía contencioso administrativa.
Pero, sea como fuere, lo que quiero destacar aquí, es que en este caso la Administración se ha tomado en serio el tema de la sujeción de las ofertas a lo establecido en el Pliego. En el pasado, desgraciadamente, muchas veces se presentaban ofertas que no se ajustaban a lo solicitado. Especialmente en el ámbito de la construcción, se introducían en ellas elementos que permitían bajar artificialmente el precio ofertado con tal de ganar la licitación, y una vez ganada proliferaba la necesidad de modificaciones a lo ofertado que iban subiendo sistemática y continuamente el coste real final. Las hemerotecas están llenas de casos multimillonarios de este tipo que están también en la mente de todos. Y los casos de menores cuantías no eran tan mediáticos, pero sí tremendamente frecuentes.
Es hora por tanto, de acabar con estas prácticas tan extendidas en nuestro país. Y en este caso, a la luz de la información disponible y comentada más arriba, es a mi juicio muy buena noticia que la Administración dé pasos firmes y contundentes en esa dirección. Habría sido mucho mejor, no obstante y evidentemente, que este cuidado se hubiera puesto a su debido tiempo, en el estudio y análisis de las ofertas, de modo que no se habría generado una situación tan comprometida como la actual.
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2 Responses to Transparencia y legalidad en los concursos públicos

  1. Efectivamente, es en la evaluacion de las ofertas donde deberia haberse detectado el incumplimiento. lo que pone en evidencia la importancia de que esa valoracion de ofertas se haga en condiciones de capacidad tecnica y TRANSPARENCIA. El esfuerzo que supone una valoracion tecnica objetiva debe ser reconocido (frecuentemente transcurre en la oscuridad) y se deben dedicar los recursos tecnicos y economicos necesarios para una amplia e indiscutible justificacion de la valoracion.

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